Momento histórico para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Estamos frente a un momento histórico en la Educación Pública costarricense, un momento en esta línea de tiempo donde la Educación Superior de nuestro país se encuentra en un riesgo inminente de un cierre técnico ante la propuesta generada por el Ejecutivo en la Comisión de Enlace.

No es suficiente para el Gobierno déspota de Chaves, las limitaciones presupuestarias establecidas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (ley 9635),  si no que mediante un populismo palpable y faltando a nuestra Carta Magna, propone un porcentaje del 1% insuficiente para que las Instituciones Públicas de nuestro país cumplan su objetivo de formar profesionales con las mejores condiciones.

Con estas actuaciones por parte del Ejecutivo, vicia por completo el Estado Social de Derecho, al no ser cumplidor de los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.

ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.

El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

ARTÍCULO 85.- El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.

    Además, mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, o pondrá en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.

    El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal preparará un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

    Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En él se incluirán, tanto los egresos de operación como los egresos de inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las instituciones mencionadas en este artículo.

    El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.

    Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.

Como se mencionó al principio del articulo, estamos ante un hecho histórico, ya que la incapacidad del Ejecutivo de cumplir con un monto porcentual para la sostenibilidad de las Universidades Públicas, pasa por legalidad la competencia para definir el monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a la Asamblea Legislativa, siendo la primera vez en este Estado Social de Derecho.

Es menester de importancia, que los "padres y madres de la Patria" tienen una obligación con el pueblo costarricense de cumplir con lo normando por los Constituyentes, y ser ejemplo del respeto a la primera normativa jerárquica de nuestro país, la cual define el mecanismo y protección de la Educación Pública Costarricense y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

No puede ser omiso por la Asamblea Legislativa, que para el año 2024 la Contraloría General de la República compartió que el presupuesto asignado a la educación pública corresponde a ₡2.601.664,0 millones, esto significa un 5,2% respecto al Producto PIB, que es el más bajo de los últimos diez años, a lo que la responsabilidad que asumen en este momento los diputados y diputadas de nuestro país es proporcional a lo que representará la fuerza laboral a futuro, sin dejar de lado las banderas de proteger un sistema de educación cada vez más limitado por los ataques incesantes de los Administradores de la Patria.

Como punto final, es lastimoso observar como una Ministra de Educación, se convierte en pilar en el deterioro del Sistema Educativo Costarricense, ya que lo planteado por el Gobierno no tuvo ninguna oposición

por el Ministerio de Educación Pública y las repercusiones negativas a corto plazo será debilitar la educación, pero la crisis a futuro es un alto riesgo de una “generación perdida”  cuando los jóvenes de hoy no tengan oportunidades de trabajos calificados por la falta de acceso a la Educación Superior por los recortes presupuestarios del presente.

M.Sc. Salvador Deusa Solano.